Antonio Mora Plaza
"Economista,
licenciado por la UCM, bancario, ha trabajado para CC.OO. Cinco libros
publicados, cuatro de ellos de análisis económico y uno de literatura. Autor,
además, de numerosos artículos de economía publicados en revistas especializadas.
Colaborador habitual en la revista digital Nueva Tribuna".
1) El primero que expongo es el tema del ataque de la Rusia de Putin a Ucrania y el tema de la OTAN. El presidente ruso ha conseguido algo impensable y es que muchos de los que votamos en contra de la permanencia en esa organización militar el 12 de marzo de 1986 consideremos ahora que fue un error. Y eso que el estado actual de la OTAN es deleznable. Pensemos que en Europa hay bases militares de la OTAN, bases militares ¡exclusivamente de USA!, que hay bases militares en países que no son de la OTAN y países OTAN sin bases militares. Es decir, una mezcla absurda pero muy conveniente para USA. El segundo problema es la dependencia de Europa de USA en temas militares debido a los bajos presupuestos que muchos países europeos han dedicado a su defensa. Tranquilidad, Yolanda, ya sé que expresamente así parezco de derechas y militarista pero nada más lejos de eso. Dice el aforismo que “si quieres la paz prepárate para la guerra”, lo cual es una estupidez, un error y con consecuencias trágicas normalmente. El problema es que no podemos sustituir tal aforismo por algo como “si quieres la paz, haz la paz o prepárate para la paz”, porque eso solo es posible si todos los países del planeta asumieran tal deseo. Dos se pegan con tal de que uno quiera, Yolanda. Lee o relee si quieres Sobre la paz perpetua, de I. Kant, uno de los más grandes filósofos de la humanidad y que hoy lo tildaríamos de pacifista, y verás qué tan lejos estamos de las condiciones y actuaciones necesarias para conseguir tal anhelo según el genio de Königsberg. Solo te remito al punto quinto de los Artículos preliminares de la obra mencionada: “Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o gobierno de otro Estado”. Palabras que parecen escritas tras el ataque de Rusia a Ucrania en estos momentos. Te propongo el siguiente aforismo: si quieres la paz prepara la disuasión. Para Putin, que es un nacionalista furibundo, un ¡anti-comunista! y un aspirante a criminal de guerra –está graduándose en eso en Ucrania–, y sus compañeros de KGB colocados en la Administración rusa[1] la II Guerra Mundial no ha acabado. Y para ello tiene una palanca sociológica histórica y son los 27 millones de rusos muertos que la Alemania nazi propinó a la Unión Soviética de Stalin. Sé que considerar así al presidente de la Federación rusa para cierta izquierda es muy duro por la simpatía merecida que a la izquierda nos ha merecido el pueblo ruso, por su impagable sacrificio en la última mundial guerra y por ciertas analogías de la historia rusa y la española, pero una cosa es el pueblo y otra algunos de sus dirigentes; una cosa es la historia y otra el presente, por más que en ésta influya la anterior. También en su momento para cierta izquierda fue un trauma darse cuenta de que Stalin, responsable máximo de la defensa rusa en la última guerra global, fue también un criminal con su propio pueblo, al igual que Franco, el dictador que murió en la cama para vergüenza de los demócratas españoles pero también para los franquistas. A partir de aquí son varios los interrogantes a los que te vas a enfrentar si tenemos la suerte la inmensa mayoría de los españoles –incluidos la mayor parte de los que no te voten– de que toques el BOE en el 2023: ¿Podemos en breve plazo dotar a Europa de la defensa disuasoria suficiente sin USA? ¿Cómo han de ser los presupuestos para tal fin? ¿Cómo defendernos colectivamente en Europa del delirio putinesco? Incluso una política militar estrictamente defensiva choca con dos problemas: el primero es que casi cualquier país europeo puede ser atacado por la Rusia de Putin sin necesidad de ser invadido; el segundo es terrible y lo formulo así: ¿tenemos la seguridad de que Francia o el Reino Unido responderían con armas nucleares en el caso hipotético de que la Rusia de Putin atacara a un país europeos sin armas nucleares? ¿Es posible zafarse de la dependencia militar yanqui sin aumentar significativamente los presupuestos destinados a la defensa? ¿Será suficiente en el futuro la disuasión convencional europea frente a las amenazas nucleares de Putin y sus secuaces? Para la derecha estos no son problemas, pero para la izquierda que queremos preservar la paz a toda costa sí lo son porque no hay paz si uno no quiere, y menos si ese que no quiere tiene miles de ojivas nucleares y un presidente que dice que está dispuesto a utilizarlas aunque no desvele en qué condiciones lo haría. He oído a algún miembro destacado de Unidas Podemos de que la solución es que Ucrania se rinda, pero, incluso en ese caso hipotético, eso no garantiza las ansias expansionistas, revanchistas de la corte putinesca. Putin ha renegado de Lenin y de Gorbachov, ha considerado un error la Constitución que promulgó Lenin que permitía la independencia de las naciones y que constituían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la II Guerra Mundial, Putin se cree un pequeño zar en una Rusia en decadencia cuyo PIB es inferior al de Italia.
2) El segundo problema que quiero abordar ya es más de nuestro terruño, más, si se quiere, provinciano, pero es un terrible problema porque, además, no viene considerándose como tal ni por la derecha –salvo por Vox– ni por la izquierda de cualquier intensidad verbal. Me refiero al estrepitoso fracaso que constituye el Estado autonómico, su fiscalidad y su financiación. En Alemania o en USA, que son Estados federales, no tienen tal problema porque llevan muchos más decenios de democracia que nosotros y los ciudadanos saben distinguir la responsabilidad y competencias entre la Administración central del Estado y la de los Estados federados. En España, no, y eso es terrible para la izquierda porque la ecuación que viene desarrollándose desde la derecha es que la subida de los impuestos depende del Gobierno de la nación pero sus posibles bajadas –exenciones, bonificaciones, deducciones– dependen de cada autonomía. Me dirás que ello es un absurdo lógico y económico y lo es, pero no lo es sociológicamente, no lo es socio-electoralmente. Y eso lo sabe el PP. Madrid, donde vives ya creo permanentemente, está en manos de la derecha debido en gran medida a que una analfabeta funcional como la Sra. Ayuso baja o promete bajar los impuestos cedidos y compartidos y, cuando le falta recursos para lo público –en lo que no cree– le eche la culpa al Gobierno de la nación, es decir, a Pedro Sánchez y eso lo hace a pesar de que esta Comunidad es la más favorecida en el reparto del gasto e infraestructuras, incluso en términos relativos, pero ya sabes que la mentira y el engaño es el alimento de la derecha, es como el viento para los barcos de vela, es como el agua para el sediento. Y gran parte de los madrileños, independientemente de sus recursos, le compran el discurso electoralmente aunque atisben el absurdo y la contradicción. Y eso parece trasladarse al resto de España, lo cual es aún más absurdo y contradictorio porque Madrid, dado el efecto económico de la capitalidad y su historia, es posible aumentar la recaudación –aunque tengo mis dudas– sin subir los tipos, pero en el resto de España eso es imposible. Es verdad que no es realista cuestionar el Estado autonómico y, a diferencia de Vox, la dirección ya única es ir a un Estado federal, pero no solo técnicamente, jurídicamente, sino también y sobre todo sociológicamente, socio-electoralmente, y en ese objetivo aún estamos en pañales: sociológicamente el Estado autonómico es un nonnato. Y para ello hay que revisar toda la fiscalidad, despojar de las Autonomías la competencia de que puedan modificar los impuestos, sus tipos, sus exenciones y bonificaciones en los impuestos compartidos y cedidos como son el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Existen dos posibles soluciones. La primera es la de asignar unos impuestos a las Autonomías bajo su entera responsabilidad y otros a la Administración Central, y que una parte de los ingresos de esta última administración se dedicaran a paliar las diferencias de renta y riqueza entre autonomías en órganos ya existentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde participan A. Central y Autonomías. La segunda es la de eliminar –decíamos– todas las exenciones, bonificaciones, etc. de los impuestos cedidos y compartidos. Esta última es la más sencilla técnicamente, jurídicamente, pero tiene dos problemas: que socio-electoralmente quitaría votos a la izquierda a pesar de que mejoraría la vida a la mayoría de los ciudadanos al tener más recursos las Administraciones para lo público, y el segundo es que la derecha podría voltear fácilmente la legislación en favor de la actual cuando llegara al BOE. Sé que es una tarea titánica y difícil, que la derecha se va a oponer a algo tan racional porque el status actual le da muchos votos pero, por ello y, sobre todo, en aras de la racionalidad y la justicia social en el reparto de cargas y beneficios –enseñanza pública, educación pública, dependencia, etc.– no puede vararse más en el tiempo. Es este un tema que el PSOE acomodaticio no lo va a abordar por su cuenta, pero lo hará si se le empuja a ello, no va en contra de sus presupuestos ideológicos pero sí va en contra de su horror felipesco al riesgo. Creo que me entiendes, estimada Yolanda. La cuestión intelectual es muy sencilla aunque la tarea política sea hercúlea: o cambiamos toda la fiscalidad española y su reparto de competencias o renunciamos al Estado autonómico. Y esta segunda posibilidad ya no es viable, con lo cual todo queda en lo dicho.
3) El tercer problema que tenemos la sociedad española –aunque no sé sociológicamente qué es eso de sociedad– es la educación. El PSOE felipesco cometió errores en el pasado –como todos los gobiernos–, pero dos son enormes y el hecho de que no se hayan considerados como tales en lo que se merecen les agranda aún más: la división entre enseñanza concertada y pública y el desarrollo de la contratación temporal en el trabajo. Sobre esto último no voy a hablar porque tú, como abogada laboralista, es la que puedes dar lecciones de ello y una parte de lo que has hecho como ministra y vicepresidenta es, precisamente, intentar paliar tamaño desaguisado. Pero la división entre enseñanza concertada y pública es terrible porque varios motivos: discrimina a los niños en función de la renta y riqueza de los papás, de su lugar de vivienda, etc., apela al egoísmo en lugar de navegar por la solidaridad y la equidad y da votos a la derecha por el motivo anterior. Un niño que va a la escuela no debiera notar si está en una escuela concertada o pública. Y para cambiar esto es urgente un estatuto de la enseñanza que afecte por igual a la enseñanza concertada y a la pública, porque ambas están financiadas con todos nuestros impuestos. Te paso, estimada Yolanda, el titular de una noticia aparecida en el diario El País: “Examen a las becas en España: Madrid, la única que las ofrece sin criterio de notas, a rentas altas y en centros privados”. Sin comentarios.
Y si hablamos de la enseñanza universitaria la cosa es más grave porque sigue existiendo universidad pública y privada, siendo esta última una contradicción en los términos. Al igual que en la secundaria, la manera más justa y eficiente de distribuir los recursos públicos es hacerlo por méritos y esfuerzos de los alumnos y no en función del dinerito de los papás. Las llamadas universidades privadas debieran convertirse en otro tipo de enseñanza pero sin rango universitario. Ahora nos encontramos con que la universidad pública tiene puntos de corte para estudiar y gran parte de la privada ni siquiera los tiene con tal de que los menos espabilados y más vagos estudien si sus papás pueden pagarlo. Es una discriminación insoportable y un caso de ineficiencia en la asignación de los recursos que lo pagamos todos en términos de productividad global.
4) Puedes encontrarte Yolanda con que al final de este año la inflación no se haya domeñado y suenen con más fuerza y como siempre los clarines monetaristas de sus soluciones. Y es que ya vimos en el pasado cómo la primera solución que toman los gobiernos es monetaria, es decir, recortar los tipos al recortar la oferta monetaria y, con ello, frenar a la economía al encarecerse la financiación para empresas y particulares. Debes saber que decía Milton Friedman –el monetarista avant la lettre, incluso a pesar suyo– que “la inflación es siempre y en todo lugar un problema monetario”. La historia reciente e, incluso, la de otras épocas, ha demostrado que tal afirmación, hecha así, con esa contundencia, es falsa. La prueba es que el BCE ha estado dotando de financiación ilimitada a la UE durante casi 7 años –desde el 2015 (mes de marzo), cuarto año de la llegada de Mario Draghi a la presidencia del BCE– y no se había notado la inflación casi hasta la guerra de Ucrania. Y digo que casi porque es verdad también que ya comenzaron las tensiones inflacionistas en el 2021. Es también que una financiación ilimitada no se puede prolongar mucho en el tiempo y por ello es lógico y atinado endurecer temporalmente y de forma limitada la facilidad de crédito. Sin embargo es un error pensar que los problemas de inflación se solucionan simplemente encareciéndolo cuando las causas son otras. El problema ahora es que estamos ante una crisis de suministros de algunas materias primas y alimentos a consecuencia de la guerra en Ucrania. La solución vendrá de la mano de sustituir esas importaciones ucranianas y rusas por las mismas pero provenientes de USA, África, América Latina, Australia, Canadá, etc. Y eso llevará algún tiempo, encarecerá algunos productos si no se subvencionan o, mejor aún, si no se dotan de rentas a los más necesitados, y todos seremos un poquito más pobres. Pero está de la mano de la política económica el que ese reparto de las cargas sea equitativo dotando de rentas mínimas a los más pobres. El cheque de 200 euros del actual Gobierno de coalición va en esa línea pero es marcadamente insuficiente en cantidad y excesivo en requisitos. Sé que Unidas Podemos, por ejemplo, desea soluciones más drásticas actuando sobre las empresas energéticas intentado poner límites a los precios. Esto puede ser una solución siempre que esas empresas no reaccionen limitando la producción y, por consiguiente, la oferta. Por ello desde el principio hay que tener prevista esta actuación para obrar en consecuencia; de lo contrario es mejor no dar pasos en falsos y siempre quedan dos soluciones: aumentar el impuesto de sociedades que, al ser un impuesto sobre los beneficios –aunque sean contables– no afectan ni a la asignación de recursos ni al volumen de producción siempre que se preserve un mínimo de ganancias para amortizaciones físicas y financieras; la segunda solución, complementaria con la anterior, es actuar desde la oferta porque la mejor manera de bajar los precios es aumentar aquella. Si fueras presidenta de Gobierno –y muchos lo deseamos– te darás cuenta que el mundo de la economía se resiste a la manía leguleya e inveterada de solucionar los problemas simplemente con leyes. De ser así no existirían problemas económicos como la desigualdad, la discriminación de rentas, la asignación eficiente, la distribución de ingresos entre los diferentes tipos de impuestos o el reparto del excedente.
5) Por último quería llamar tu atención en algo que apenas se considera o que se considera por separado y es el hecho histórico de la relación entre desigualdad y sector público. En países medianos como el nuestro –aunque no seamos de los medianos punteros– no parece posible combatir la desigualdad con tamaños de lo público que no llegue al 40% la relación entre lo público y el PIB. Todavía España no llega a ese dato desde el lado de los ingresos aunque sí hemos dado pasos para hacerlo desde el lado del gasto. Dicho de otra manera, hay un efecto colateral deseado al aumentar el papel de lo público en temas como la enseñanza, la sanidad, la dependencia, etc., y es el de paliar la desigualdad aun cuando no se tomen medidas expresas para tal empeño. De ahí el ataque de la derecha a lo público y ello por una razón que ya te habrás dado cuenta: para la derecha política –no necesariamente la sociológica– la desigualdad social no es un defecto sino una virtud, por más que el Sr. Feijóo diga ante los más pudientes que hay que dotar de rentas a los más pobres. Todo ello forma parte de la panoplia de mentiras y engaños de la derecha española, que en eso, reconozcámoslo, son unos maestros: solo en eso, pero lo son. Y para ello tienen gran parte de las redes y los tabloides recortados y con grapa a veces que son el ABC, La Razón y El Mundo, todos ellos enemigos de la democracia si el que gobierna no es de su agrado.
Por supuesto que hay más problemas y otros que
surgirán antes y después del objetivo a corto plazo que es el de renovar el
Gobierno de coalición en el 2023 y mejor si en ese gobierno tiene más peso la
formación que tú en lo inmediato y entonces lideres. Estamos viendo en Europa y
en América que no es verdad que avance la derecha sino más bien todo lo
contrario, pero también vemos que la derecha se hace cada vez más extrema
derecha, más xenófoba, más machista, más antiecologista, más neoliberal en el
reparto de rentas y riqueza, más belicista, más, en definitiva, fascista. Eso
está pasando en España con el PP y la cosa se agudizará más porque compite con
un partido neofranquista como es Vox y por ello la izquierda debe ganar las
elecciones del 2023, para parar el fascismo, cosa que no se pudo en los años 30
del siglo pasado. Pero la historia, afortunadamente, no se repite, solo se
alimenta de analogías. ¡Ánimo, Yolanda!, danos el BOE en el 2023 para practicar
la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia y que lo conseguido no se
venga abajo con Feijóo y Abascal.
