Nueva derrota de la extrema derecha en Francia

           En Europa se han librado y se libran varias batallas: la de la del Estado de Bienestar frente a los que quieren descuartizarlo y privatizarlo, la de la democracia frente a la autocracia, la militar por el ataque de la Rusia de Putin a Ucrania y, además, la de la democracia, con sus defectos e insuficiencias, frente a las extremas derechas que quieren acabar con ella. El partido de Marine Le Pen pertenece a la casta de estos fascistas-siglo XXI como son los Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, etc., y, en España, Abascal. Son nuevos fascismos por el lavado de sus caras pestilentes, pero su esencia permanece: son xenófobos con las personas pobres procedentes de países pobres, antifeministas, anti-ecologistas, en Europa anti-europeos, ahora defienden el solo mercado y la disolución del Estado de Bienestar, etc. Pero lo más preocupante pueden ser sus métodos que son los de siempre, los de la violencia, aunque ahora esté soterrada pero acompañada de la conquista de los boletines oficiales del Estado mediante las urnas si no queda otro remedio. La violencia primero verbal y luego física son sus señas de identidad, sus “empujoncitos”, las amenazas nucleares, la violencia contra los menas, etc. En Francia, Alemania, Italia, España, en los países europeos, se presentan con matices porque demandan el voto en cada país y Europa tiene una historia tan compleja que para la recolecta electoral hay que pegarse al terreno patrio, casi al terruño. Pero no engañan a nadie, ni siquiera a sus votantes. La izquierda no puede caer en la ingenuidad de creer que los votantes de las extremas derechas lo hacen por el manido mantra del descontento, del desencanto, con los partidos tradicionales en las democracias consolidadas; no, porque tienen normalmente alternativas a la derecha y a la izquierda de los partidos a los que votaban o tienen la abstención; no, porque los que votan a las extremas derechas saben que sus pestilentes políticos acabarían con las libertades y la democracia, aunque lo hagan sin tanques en las calles porque no puedan, al menos de momento. 

          La victoria en este 24 de abril para la presidencia francesa de Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen por un 58,5% frente a un 41,5% de los votantes en términos de porcentaje es una victoria de la derecha democrática francesa con el apoyo de parte de la ciudadanía de izquierdas frente a los nuevos fascismos. No es una victoria aplastante, pero suficiente si el fin en Francia y en toda Europa es reforzar el cordón sanitario frente a estos fascismos de nuevas caretas pero de los mismos esqueletos, los esqueletos que dejaron el nazismo, el estalinismo, el fascismo y el franquismo en Europa hace ya casi ocho décadas. Son fascismos que se renuevan y no se puede negar que con apoyo de muchos ciudadanos pobres, asalariados de salarios mínimo, de pensionistas de pensiones mínimas, de pequeños empresarios arruinados y de ciudadanos que viven en zonas rurales deprimidas, donde los servicios y las bondades del Estado solo llegan a medias o no llegan. Pero son muchos también que viven en esas condiciones y votan a otros partidos de tradición democrática. Por ello hay que respetarlos como ciudadanos, que las ayudas les lleguen, pero ninguna condescendencia ética si sus formas de expresión es apostar por los fascismos. 

          La comparación con España es inmediata: en Francia, cordón sanitario de la propia derecha democrática; en España, consejerías, presidencia y vicepresidencia del Parlamento en Castilla y León a Vox de la mano del PP.  En España, con la debacle de Ciudadanos, parece acabarse la posibilidad de que la derecha sociológica construya un partido democrático de ámbito nacional que no sea herencia del franquismo, que sea europeista. El criadero político del PP no ha sido capaz tras 44 años de democracia de parir demócratas con todas las consecuencias; tan solo oportunistas con un ojo en las urnas como obstáculo y el otro en los boletines oficiales del Estado. Ese es el lado oscuro de la democracia española, la sensación pesimista; la optimista es que todos, incluso los que no la han vivido biográficamente, sabemos lo que es una dictadura de 40 años y que Vox quiere que la revivamos con Abascal como maestro de ceremonias. Los descontentos, los desencantados de Andalucía, con todas su razones, con todos sus argumentos incontestables, van a tener probablemente en junio ocasión de manifestarse en las urnas votando a partidos democráticos distintos de los que supuestamente les han defraudado: los que lo hagan por Vox, sin negar su derecho democrático de hacerlo, apuestan por los nuevos fascismos aunque hayan renovado y retocado sus caretas. En la Francia de hoy tienen un modelo de comportamiento, tanto en gran parte de los ciudadanos como en la mayor parte de los políticos. Imitemos lo bueno, pero solo lo bueno, lo aprovechable.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA Y APLICADA POR TRIBUTOS CEDIDOS GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

HACIA UNA EXPLICACIÓN ESTRUCTURAL (ESRAFIANA) DE LA INFLACIÓN. (Como homenaje al profesor Luis Ángel Rojo Duque)

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LA UE EN PLENA GUERRA DE UCRANIA

 Gabriel Flores

Tras la invasión militar de Ucrania por parte del ejército ruso, el mundo es más inseguro. Predomina lo inesperado, el futuro es más incierto y los costes y riesgos en curso amenazan la recuperación de la economía mundial. Bienestar, estabilidad política y el propio proyecto de unidad europea han sido puestos en cuestión por la guerra de agresión emprendida por el régimen de Putin. Una UE en transición afronta el mayor reto de su historia y cambios sustanciales de política económica en el peor contexto posible.

A pesar de que el efecto inmediato de la guerra ha sido unir a los socios comunitarios y dar más relevancia al papel actual y a las misiones futuras de la UE, también ha puesto a las instituciones comunitarias ante el espejo de sus muchas vulnerabilidades e insuficiencias. La UE necesita renovarse y cambiar si quiere afrontar los desafíos que plantean el avance de la extrema derecha en toda Europa, el cambio climático y la apuesta militar del régimen de Putin para reforzar su poder interno y afianzar la posición de Rusia como potencia regional y mundial.  

La mayoría de los problemas y debates suscitados por la guerra en Ucrania afectan directamente a Europa, aunque pueden acabar incidiendo también en la configuración de la nueva globalización que sustituirá al agotado modelo neoliberal que ha sido hegemónico en el mundo durante décadas y lleva ya algunos años en franco deterioro. Cambios sustanciales por definir y por hacer en un contexto repleto de sombras e incógnitas que no permiten descartar ninguno de los escenarios extremos o menos probables que podrían darse: pronta derrota militar de Ucrania, parálisis del régimen de Putin o escalada de la guerra hacia una confrontación nuclear.

En este complejo contexto europeo y mundial, se han producido en los últimos días dos movimientos de cambio significativos y contradictorios que afectan a las políticas económicas de la UE que merecen atención: el primero se refiere a cuándo y a qué ritmo la política monetaria dejará de ser expansionista; el segundo, a la evolución de las políticas presupuestarias de los Estados miembros y a las nuevas reglas fiscales que sustituirán a las que fueron suspendidas tras la pandemia.

Sobre la política monetaria del BCE

Mientras se prolongue la guerra, lo más racional sería que la política monetaria del BCE siguiera siendo expansionista para facilitar la financiación del inevitable aumento del gasto público y asegurar la solvencia de los Estados más endeudados (en especial Italia y España) y el de las empresas europeas con mayores niveles de endeudamiento que, si se vieran afectadas por un aumento significativo de los costes financieros, podrían suspender pagos y cerrar sus puertas.

Sin embargo, no cabe descartar que las presiones de las fuerzas más dogmáticas en el cumplimiento a corto plazo del mandato de mantener la estabilidad de precios se impongan de nuevo, como en la crisis financiera global de 2008 y con parecidas nefastas consecuencias: fragmentación financiera asociada a la reaparición de altos tipos de interés y primas de riesgo en los países del sur de la eurozona; dificultades de financiación de las políticas de protección social, modernización productiva y apoyo al tejido empresarial con especiales dificultades; recortes de los gastos de protección social y de las inversiones públicas; reducción del crecimiento y, en el peor de los casos, nueva recesión con más desempleo, pobreza y desigualdad.

El acuerdo tomado el pasado 14 de abril por el Consejo de Gobierno del BCE, anunciando el aumento de sus tasas de interés a finales de 2022 y la finalización de las compras netas de deuda en el próximo tercer trimestre, anticipa cambios que ya han empezado a producirse en EEUU. Pero la UE dispone de menores márgenes de actuación que EEUU, porque tiene una guerra a sus puertas y es mucho más vulnerable en términos energéticos; por otro lado, la inflación en EEUU tiene un alto componente endógeno, ya que resulta de una fuerte recuperación económica y una rápida subida de los salarios.

Por el contrario, la UE experimenta una más que notable inflación exógena causada fundamentalmente por el alza de los precios de las materias primas energéticas y alimentarias importadas, por lo que tiene poco sentido que el BCE endurezca su política monetaria, ya que su efecto en la reducción de la inflación sería muy pequeño, mientras sus impactos sobre el crecimiento (también, por lo tanto, sobre las rentas salariales y el empleo) serían muy negativos. Sin embargo, halcones y fundamentalistas del actual objetivo de inflación del BCE (próximo, pero por debajo del 2%) siguen presionando para que el BCE cumpla a corto plazo su mandato.

Las actas de la reciente reunión del Consejo de Gobierno del BCE reflejan un frágil acuerdo entre partidarios y detractores de subir los tipos de interés y de finalizar las compras de deuda. Por ahora, el BCE mantiene la actual política monetaria y espera a ver cómo se desarrolla la guerra en este segundo trimestre y su impacto económico sobre la inflación y la actividad económica. En este segundo trimestre de 2022, aún mantendrá las compras de deuda a ritmos aún notables (40.000 millones en abril, 30.000 millones en mayo, 20.000 millones en junio) y hasta finales de año los tipos de interés oficiales seguirán próximos al 0%.  

Si vencen los fundamentalistas del objetivo de reducir la inflación hasta el 2% (que es el mandato del BCE), las costuras de la eurozona se verían sometidas de nuevo a una presión extrema y los países del sur de la eurozona no podrían seguir conviviendo con altos desequilibrios presupuestarios ni reforzar con financiación propia los planes de transformación estructural (transiciones digital y energética) que acaban de iniciar gracias a los fondos comunitarios. Se agrandaría la división entre el Norte y el Sur de la eurozona, la posibilidad de implosión de la UE se pondría de nuevo sobre la mesa y aumentarían las penurias de los sectores sociales que viven o malviven en situación precaria, lo que daría más y mejores argumentos para el avance de la extrema derecha.

El triunfo de Macron el próximo domingo, 24 de abril, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, podría inclinar esos debates del BCE hacia posiciones más razonables y equilibradas en la pugna por primar la lucha contra la inflación o contra la recesión y entre las necesidades de los países del Norte y del Sur de la eurozona. También desde este punto de vista, la victoria de Macron es importante, aunque sólo un tercio de los votantes de Mélénchon parezca entenderlo así.

Sobre las políticas presupuestarias 

Mientras se prolongue la guerra en Ucrania, lo racional sería que la política presupuestaria de los países de la UE siguiera siendo expansionista para permitir la financiación por parte de los Estados miembros de los objetivos prioritarios que se plantea la UE: acelerar las inversiones que promuevan la transición energética y reducir lo más rápidamente posible la dependencia respecto al gas y al petróleo rusos; ayudar a hogares, empresas y sectores económicos afectados por los altos precios y el desabastecimiento de las materias primas energéticas, alimentarias e industriales procedentes de Rusia.   

Sin embargo, los obstáculos para alcanzar esos objetivos aumentan. A la presión para ir reduciendo el carácter expansionista de la política monetaria se suma la de los halcones neoliberales del equilibrio presupuestario, que buscan establecer nuevos planes de consolidación fiscal nacionales para equilibrar a corto plazo las cuentas públicas.

La política monetaria expansionista es la que permitió durante la pandemia los importantes incrementos de gastos y déficit públicos para fortalecer el sistema sanitario, proteger empresas y sectores productivos y minimizar las pérdidas de empleos y renta de los hogares. Como consecuencia, los niveles de endeudamiento público se dispararon. Esa misma política monetaria expansionista es la que garantizaría ahora los bajos tipos de interés y el mantenimiento de las actuales políticas presupuestarias expansionistas para apoyar la actividad económica, reforzar la protección social e intensificar la inversión pública y privada destinadas a impulsar la transición energética y la modernización de estructuras y especializaciones productivas.

Las políticas monetaria y presupuestaria expansionistas son complementarias y podrían sostenerse si se logra un nuevo equilibrio macroeconómico que no exija recortes del gasto y la inversión del sector público y haga compatibles niveles de inflación y déficit público relativamente elevados con la paulatina reducción de las tasas de endeudamiento público respecto al PIB. Objetivos conseguibles gracias a la carga tributaria encubierta que soportarían los compradores de deuda pública como consecuencia del mantenimiento de las tasas de interés a largo plazo por debajo del crecimiento nominal del PIB. Sólo así se podrían seguir aumentando las inversiones eficaces que mejoren la productividad global de los factores y el crecimiento potencial.

Mientras dure la guerra, lo más probable es que la suspensión de las normas fiscales comunitarias (topes arbitrarios, incumplibles y contraproducentes del 3% respecto al PIB, en el caso del déficit público, y del 60%, en el de la deuda pública) se mantenga, sin que por ello se disipe el debate político y económico a favor y en contra del mantenimiento de políticas expansionistas monetarias y presupuestarias. Esa congelación de las reglas fiscales permitió a España y al resto de los países del sur de la eurozona seguir endeudándose tras la pandemia y minimizar los costes de las crisis desatadas por la pandemia. Y a esos dos instrumentos se sumó la aprobación de  emisiones de deuda pública comunitaria, por parte de la Comisión Europea, para financiar transformaciones productivas modernizadoras.

Sorprendentemente, en la primera semana de este mes de abril se produjo una noticia extraordinaria que habrá que ver hasta qué punto va a modificar los términos de estos debates: los representantes de España y Holanda en el Eurogrupo presentaron una propuesta conjunta para establecer nuevas reglas fiscales más flexibles, con una clara orientación anticíclica y adaptadas a las muy diferentes situaciones y problemáticas de las cuentas públicas de los Estados miembros. Habrá que ver los detalles de esa propuesta y cómo se desarrollan los debates en las instituciones comunitarias, pero ese acuerdo muestra una vez más que la UE es capaz de aprender de sus errores y transformarse. Como antes lo habían mostrado los programas del BCE de compra de deuda pública de los Estados miembros, la suspensión de las reglas fiscales o las emisiones de deuda comunitaria destinadas a dotarse de fondos europeos destinados a financiar las transiciones digital y energética. Esos avances en la actuación de las instituciones comunitarias nos enseñan lo mucho que las situaciones excepcionales (como la guerra en Ucrania o, antes, la pandemia) pueden favorecer cambios sustanciales en las políticas e instituciones comunitarias que descansan en intereses comunes, amplios acuerdos y concesiones mutuas. Los que sostenían que la UE estaba marcada por un origen y una esencia neoliberales que la convertían en un proyecto irreformable se equivocaban. 

Otro cambio reciente tan relevante como los antes mencionados es la aceptación temporal de una isla energética ibérica, formada por España y Portugal, en el mercado único y una regulación particular (estableciendo un tope al precio del gas) que afecta al sistema marginalista de formación del precio de la electricidad. Pendiente aún de una difícil y compleja negociación y concreción, la aceptación de esa excepcionalidad refleja la mayor flexibilidad con la que las instituciones comunitarias abordan problemas particulares de los Estados miembros que afectan al funcionamiento del mercado único, que es la piedra angular de la actual UE.

Estos debates sobre reglas fiscales y políticas económicas comunitarias, aparentemente técnicas, pero de gran calado político e institucional, no responden a dinámicas de confrontación entre izquierdas y derechas, sino entre fundamentalistas y realistas; aunque haya una disputa entre izquierda y derecha en los márgenes ideológicos de esos debates económicos. La extrema derecha y la extrema izquierda, por su lado, juegan a otra cosa, de carácter virtual, en la que ponen por delante la disputa ideológica y su renuncia a participar en el diseño de las reformas posibles o en su gestión.

Esperemos que la mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierdas europeístas entiendan su papel en estos debates económicos y contribuyan a que los intereses de las mayorías sociales ganen peso en los imprescindibles acuerdos transversales y amplios consensos entre las fuerzas democráticas con el objetivo de aprobar las mejores reformas posibles. En Francia, el próximo domingo, 24 de abril, las fuerzas y votantes progresistas y de izquierdas tienen la opción de actuar en consecuencia en las elecciones presidenciales y rechazar a la extrema derecha que lidera Le Pen de la única manera que hay de derrotarlas: votando a Macron. Ya habrá tiempo después de movilizarse y organizar la resistencia de la Francia precaria frente a las políticas que favorezcan exclusivamente a los grandes grupos empresariales y las rentas del capital. En esta segunda vuelta no hay un voto que permita rechazar al mismo tiempo a Macron y a Le Pen. No existe ningún otro candidato: si no se vota a Macron se posibilita la victoria de Le Pen.

Todos los debates de política económica en curso y la concreción final de las primeras propuestas de cambio dependerán del acierto y la inteligencia con los que la ciudadanía y las fuerzas políticas progresistas y democráticas aborden las reformas y los imprescindibles amplios acuerdos que las hagan posibles. Nada está escrito, no hay un plan preestablecido capaz de imponerse a la mayoría social y a la mayoría de los Estados miembros. Es en ese terreno de grandes mayorías y amplios acuerdos donde se juega el presente y el futuro de Europa

Elecciones en Andalucía: un reto para la izquierda

          Después de lo sucedido en Castilla y León, es decir, después del resultado electoral y de matrimonio gubernamental entre PP y Vox en esa Comunidad parece que ha cundido un cierto desánimo en la izquierda y un alborozo en la derecha, en el mundo mediático de la derecha. Parece que han remozado las campanas de la derecha en esta Semana Santa para tocar un laudeamus por el previsible resultado electoral en Andalucía y por un posible nuevo encamamiento del PP y Vox en el palacio de San Telmo, sustituyendo en esta hipotética situación Vox a Ciudadanos como pareja del PP. Pero no tan deprisa. En primer lugar veamos la composición del Parlamento andaluz actual, donde el PSOE tiene 33 escaños, Adelante Andalucía 17 (que suman ambos 50), y PPA (26), Ciudadanos (21) y Vox (12), suman 59. Es decir, la derecha aventaja a la izquierda en 9 escaños. Por otro lado, estas tres derechas aventajaron en solo 231.918 votos a las dos formaciones de izquierdas. 

          Hay que pensar que la izquierda tiene opciones de dar la vuelta a esos resultados electorales del 2018, pero tiene poco margen de maniobra y ha de hacer las cosas bien, muy bien, en varios sentidos. En primer lugar parece imprescindible la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE, y eso no solo vale para Andalucía sino para todo el país, para todas las Comunidades y para la Moncloa siempre. Y no se trata de un toque de arrebato porque por primera vez en la reciente historia de la democracia española haya consejeros fascistas en una Comunidad, sino porque la forma de combatir la izquierda a la extrema derecha es, en esta coyuntura, combatir a la derecha –sin más– y, en concreto, al PP. Vox recuerda aquello de Xabier Arzallus del nogal y las nueces: en este caso Vox zarandea el nogal pero las nueces gubernamentales las recoge el PP. Los partidos –lo mismo que las personas– se definen por sus amigos, por sus acuerdos, por los hechos, no por las palabras, y el PP se ha convertido en el partido que alfombra a la extrema derecha y nada hay que acordar, proponer, negociar, etc. con esta “derechita cobarde” (Abascal dixit) mientras siga encamada con el franquismo-siglo XXI que es Vox. 

En segundo lugar hay que conseguir para Unidas Podemos que deje de una vez para siempre de vender la piel del oso antes de cazarlo, es decir, este partido debe esforzarse en ampliar su base electoral, su influencia, sus escaños como tarea fundamental y, luego, discutir sobre programas conjuntos, gobiernos o consejerías, tanto si los electores le colocan en la oposición o en un posible gobierno municipal, comunitario o estatal. No puede ocurrir más que haya que repetir elecciones (2019) porque se discutan puestos gubernamentales o de hipotéticas consejerías antes de la caza: nunca máis. 

En tercer lugar la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que aprovechar toda ella todo el capital político, mediático y de imagen acumulado por Yolanda Díaz, para crear una plataforma de izquierdas que de el sorpasso, pero el sorpasso útil, que consistiría en desalojar del gobierno andaluz al matrimonio plausible o hipotético PP-Vox por uno de coalición de la izquierda. El sorpasso inútil sería que esa plataforma existiera y obtuviera un buen resultado electoral, pero que no impidiera seguir al PP y su posible consorte en el gobierno andaluz y en una mayoría parlamentaria. Por ello debe quedar claro desde el mismo momento del nacimiento de esa plataforma de izquierdas –o como se la denomine– la relación entre ella y el PSOE; desde el principio debe quedar claro que son dos partidos distintos dentro de la izquierda, pero que ambos, ni por activa ni por pasiva, van a permitir que gobierne la derecha si tienen escaños suficientes en el Parlamento andaluz para impedirlo. A partir de ahí se pueden confrontar programas, ideas, tareas, pero lo anterior no debiera ser objeto ni siquiera de parlamento. Una vez cazado el oso luego se podrá discutir sobre composición de consejerías, presidencias, programas, etc., pero luego. Y esto tiene un corolario que salta desde el ahora mismo: que no tiene sentido que, en ningún ámbito, MásPaís y Unidas Podemos sean dos partidos distintos. Y más sin que esté entre los podemitas ya su macho-alfa, aunque siempre haya que agradecerle su labor de creación e impulso del partido morado. 

En cuarto lugar el programa de la izquierda –y más en Andalucía– debe tener dos guías, dos ansias, dos parámetros, aunque genéricos: defender y ensanchar lo público y acortar la brecha de la desigualdad en esta comunidad, pero que ambas tareas valen para todo el país. La derecha está deteriorando lo público allí donde gobierna aunque de forma también desigual, pero su objetivo es único: privatizar en lo posible lo público, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia, etc., y que cada uno se la pague y el que no pueda –como dijo una diputada del PP en el Congreso– que se joda. Instrumentos y recursos hay para ambas cosas. Está la fiscalidad cedida y compartida y el consiguiente gasto público: no hay excusas. 

Y por último sería quizá inteligente desgajar en el tratamiento a Ciudadanos de las dos derechas franquistas para ayudar a que este partido deje de ser el perrillo faldero del PP. Es verdad que a lo mejor no se lo merece, que este partido ha permitido, al menos por pasiva, que el PP gobierne con la ayuda de Vox –como ocurre en Andalucía–, pero Ciudadanos era la esperanza de que por fin hubiera en España un partido de ámbito nacional de derechas de origen no franquista. Quizá merece la pena hacer un esfuerzo en ello y que sea Ciudadanos quien se coloque el solito donde no le conviene, cosa que, es verdad, ha hecho hasta ahora. Y así le va.

TRES ANÁLISIS (EXPLICACIONES) DE LA INFLACIÓN ACTUAL

¿Un nuevo viejo PP?

             

        Desde que se fue Rajoy del Gobierno (2018) no ha habido ningún encuentro fructífero entre el presidente de Gobierno y el líder oficial del principal partido de la mal llamada Oposición. Y mal llamada porque no se puede considerar ni a Casado ni a Feijóo jefe de una oposición donde estarían el PP, ER, PNV, Más País, etc. Oposición al Gobierno sí hay –hay oposiciones– pero no hay jefaturas que valgan, que es una idea anglosajona propia de países de sistemas electorales mayoritarios (UK) o donde solo hay en la práctica dos partidos, uno de los cuales está en el Gobierno y el otro espera su turno según el deseo de los electores (USA). Aquí se importó en la época de la Alianza Popular de Fraga Iribarne para contentar a la derecha española después de que el PSOE de Felipe González obtuviera 202 escaños en 1982. Y lo de ser oposición civilizada, útil o democrática se diluyó ya cuando Jose María Aznar dijo aquello de “gobernar sin complejos”, que lo que significaba es que le importaba un pimiento lo que dijera el resto del Parlamento puesto que el PP tenía mayoría absoluta (año 2000). 

          Y por fin en esta legislatura que supuestamente acabará en el 2023 el líder oficial del PP, el Sr. Alberto Núñez Feijóo, ha visitado la Moncloa y, con ello, ha conversado vis a vis con el actual presidente de Gobierno porque, como se sabe, el nuevo líder del partido no está en el Congreso de los Diputados. Sánchez y Feijóo han hablado de varios temas según una versión optimista; según la más realista, cada uno ha expuesto sus temas y puntos de vista al otro y nada más. Se ha hablado del tema pendiente de la renovación de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional que el PP de Casado lleva años boicoteando, del voto rogado, de una posible modificación –es posible que también express– de la Constitución para cambiar el término “disminuidos” del artículo 49, del pacto antitransfugismo que el PP rompió en 2021 (moción de censura en Murcia), sobre reforzar el pacto contra la violencia de género, pese a lo cual en Castilla y León ha pactado el PP con Vox una ley de violencia intrafamiliar para diluir lo anterior. Y también de política exterior, como es lo del ataque de Rusia a Ucrania y el cambio de posición del Gobierno –otra cosa es lo que se ha votado en el Congreso– respecto al contencioso Marruecos-Sahara Occidental. Y, por supuesto, la propuesta eterna del PP que es la de que, pase lo que pase, sea cual sea la coyuntura económica, bajar los impuestos aunque, simultáneamente, pida el PP directa o indirectamente ayudas, subvenciones al Gobierno para todos los problemas que vayan surgiendo: crisis energética derivada y no derivada del tema ucraniano, huelga de los transportistas, de los agricultores, de los pescadores, pensiones, etc. Pura demagogia, puro populismo, pero los peperos esperan que eso les de votos.

          Pero el PP se enfrenta a varios problemas para una segunda visita a la Moncloa. En primer lugar debe dar el paso de convertirse en un partido que acepta la legitimidad democrática del gobierno actual, puesto que el anterior líder oficial del PP, el Sr. Pablo Casado, ha llamado al Gobierno “Gobierno ilegítimo” y “ocupa”, aparte de insultos habituales, ya más personales, porque en lo de mentir e insultar el PP compite con Vox a diario en los medios y en el Congreso y Senado. Actuando así, con apelativos tan “cariñosos”, esperaban alguna reacción de las Fuerzas Armadas en forma de declaraciones o avisos y así amedrentar al primer gobierno de coalición de izquierdas –de coalición también, sin más– en este ya largo período democrático. Vox, no hay que ser ingenuo, esperaba y espera un golpe de Estado: ambas cosas, ni declaraciones ni golpe se han producido, y lo que sí ha ocurrido es que Vox ha ido comiendo terreno al PP en las encuestas y en las últimas elecciones de Madrid y Castilla y León. Un desastre para el PP y un peligro para la democracia. Otro problema para Feijóo es la eterna corrupción del PP, que ahora ha cobrado nuevos bríos en el Madrid de Ayuso, el hermano de Ayuso, Almeida, etc., pero adobada la cuestión con espionaje interno. Y eso no es nuevo porque viene de la época de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González, Manuel Cobo, etc., allá por el año 2.009. Es cierto que al PP no le preocupa mucho el tema porque supone que a sus votantes y a sus posibles votantes no les importa la corrupción del PP –sí la de otros partidos–, lo cual, si fuera cierto, es una vergüenza para esos votantes. Aunque no olvidemos que a Rajoy le costó la pérdida del Gobierno a raíz de que a Ciudadanos le entró vergoña seguir apoyando al PP en el 2018 por el enésimo caso de corrupción de la época. Un tercer problema para Feijóo es qué hacer con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va camino de encamarse políticamente con Vox con luz y taquígrafos. Y el cuarto problema para Feijóo es que va a ir a Europa, en concreto a los inevitables encuentros con el PPE, y va a tener que explicar cómo es que se van ha nombrar tres consejeros de Vox en un comunidad autónoma. Es posible que el PPE no sepa mucho de las competencias e importancia del hecho y el Sr. Feijóo trate de restarle importancia y el PPE acabe, como se suele decir, tragando. ¿Pero qué pasará cuando se celebren elecciones generales y se encuentre el Sr. Feijóo con la posibilidad de formar un gobierno de coalición con la extrema derecha española porque no tenga otra alternativa? Ya los medios de comunicación de la prensa escrita como el ABC, El Mundo, La Razón, etc., intentan convencer a sus posibles votantes de que Vox no es de extrema derecha, pero en Europa eso no va a colar. Y no va a colar porque ya el Sr. Abascal se ha hecho fotos con los Orbán, Le Pen, Salvini y toda la troupe fascista europea, además de estar en sintonía en música y letra con todo ella. El problema para el PP es que tiene muy difícil que partidos nacionalistas –aunque de derechas– de ámbito autonómico puedan apoyarle para una hipotética investidura. 

          Yendo a algunos temas concretos tratados, la oposición del PP a lo hecho por el Gobierno en el contencioso marroquí y el Sahara Occidental es cínica puesto que el partido de la derecha está de acuerdo con lo hecho pero su electoralismo pasa por criticarlo; en el tema de los impuestos es una contradicción insostenible real e intelectualmente pedir bajar los impuestos y aumentar simultáneamente los presupuestos de continuo en el Parlamento para ayudas y subvenciones con el fin de ejercer su populismo. Y no solo porque en Europa no se pida la bajada de impuestos –cosa que no es cierto si nos salimos de los Gobiernos– sino porque las tres crisis consecutivas habidas –Recesión 2008, covid19, ataque a Ucrania– han exigido y exigirán cuantiosos desembolsos para la banca, la pandemia, ERTES, fuerzas armadas, pago de intereses de la deuda, pensiones, modernización de la economía, reforzamientos de la sanidad y educación públicas, dependencia, etc. Dicho de otra forma, el PP o no dice nada, o lo que dice es demagógico y/o populista o está de acuerdo con el Gobierno aunque lo critique por cuestiones electorales. El problema del PP es que nunca se atreve a decir alto y claro algo como: hay que bajar impuestos aunque ello supongo un deterioro de los servicios públicos, porque eso vale para ganar elecciones pero para luego gobernar no. El Sr. Feijóo sí tiene experiencia de ello en Galicia: ha deteriorado lo público aunque apenas ha bajado los impuestos cedidos o compartidos y cuando lo ha hecho ha sido tardíamente, muy limitadamente. Mentiras que, a pesar de todo, los gallegos –al menos una mayoría justa– se lo han aplaudido en las elecciones autonómicas. Y con ello el Sr. Feijóo feliz como una perdiz… gallega. ¿Pero todo esto vale para el resto de España? Recordemos que también el Sr. Rajoy propugnaba una bajada de impuestos y luego los subió cuando se enteró de qué era eso del déficit y la deuda pública y cómo estaban ambos; recordemos que el Sr. Rajoy aumentó la deuda pública en cerca de 350.000 millones, recordemos que el Sr. Rajoy gastó los cerca de 70.000 millones de la llamada hucha de las pensiones o fondo de reserva de la Seguridad Social. 

          El primer paso que debe dar el PP de la mano del Sr. Feijóo es convertir al PP en un partido democrático: de derechas –no se le pide que sea de centro porque eso no existe– pero que sea democrático, lo cual exige pedir disculpas por el pregón continuo de Pablo Casado con lo de “Gobierno ilegítimo”, “ocupa”, etc., porque eso es apelar al golpe de Estado. Lo seguirá haciéndolo Vox, pero si solo lo hace Vox no es un problema grave: el problema es que lo sostenga alguien que aspira a la presidencia de Gobierno. Lo segundo es que, si quiere convertir el PP en una oposición constructiva, no puede oponerse a todo lo que haga o intuya que va a hacer el Gobierno sin más. Lo tercero es construir una alternativa con programa en la mano, que sea creíble y coherente y no la incoherencia de pedir bajar los impuestos sea cual sea las circunstancias económicas, el ciclo, las crisis, etc., porque eso es pura demagogia, populismo, que puede servir para ganar elecciones pero no para gobernar. Y lo cuarto es decidir qué hacer con Vox porque la izquierda y el gobierno de coalición no van a negociar nada sustancial ni otorgar la vitola al Sr. Feijóo de jefe de la Oposición si el PP gobierna con Vox en algunas Comunidades. Si no resuelve estos problemas solo le queda al Sr. Feijóo la carta de ganar las próximas elecciones, pero una carta envenenada si necesita de la extrema derecha para gobernar España. En ese caso sería el fin de la democracia española tal como la conocemos y cualquier cosa podría pasar, porque Vox no se detendrá: exigirá primero cambios encaminados a la destrucción de algunos derechos civiles como el aborto actual, las leyes de género, leyes anti-inmigración, el fin de los presupuestos destinados a combatir la violencia de género, del cambio climático, de la memoria histórica, etc. Luego exigirá la prohibición de los partidos que considere separatistas (todos los nacionalistas), luego los que considerara de extrema izquierda (Podemos), luego los de izquierda que no defiendan suficientemente según su criterio la unidad de España (PSOE), luego los liberales que no votan con ellos por ser traidores de derecha (Ciudadanos), los sindicatos si alguna vez son capaces de movilizar a los trabajadores, etc. ¿Tiene el Sr. Feijóo las ideas claras sobre el qué hacer en un supuesto gobierno con Vox? ¿Aceptaría llegar a eso y nombrar, por ejemplo, ministros de Economía, de Exteriores, de Defensa o presidente del Congreso, a un miembro de Vox? Da miedo; mejor dicho, debiera dar miedo. Y si no da, adiós a la democracia.

El espectro de la inflación

         

        Una inflación en marzo del 9,8% ha provocado el disparo de todas las alarmas sobre algo novedoso desde hace mucho tiempo. Nos habíamos acostumbrado con una inflación cercana a cero –en algún año incluso negativa– y esta cercanía a los 2 dígitos anida preocupación y disminución de los salarios y pensiones reales. Es verdad que antes del ataque a Ucrania por parte de Rusia la inflación en enero se había elevado al 6,1% (en tasa anual), aunque en ese mes la inflación respecto al mes anterior había sido negativa. En marzo del 2021 estábamos en el 1,3% pero en noviembre alcanzábamos el 5,5%, ambas también en tasa anual, por lo que no se puede achacar estos incrementos a la guerra en Ucrania. Tampoco se podría achacar a la subida de los alimentos, porque eso ha sido cosa reciente y con un repunte a consecuencia de las huelgas recientes de transportistas y agricultores. La ministra de Economía ha dado la cifra de culpabilidad de la inflación reciente en un 73% a los precios de los bienes agrícolas más la energía. La cosa, con todos estos datos, parece claro: la causa principal de de que tengamos unos precios caros antes de la inflación en Europa –y, por tanto, en España– es la forma en la que se fijan los precios y en un déficit aún de energías renovables, pero la causa última del repunte de inflación son los compromisos de suministro de fuentes como el gas y el petróleo, la dificultades de mantener los suministros, que hacen que se encarezcan en los mercados spot y de futuros. 

El Gobierno ha reaccionado con un plan de choque de 6.000 millones de subvenciones y extensión temporal de las actuaciones del ICO por 10.000 millones. Pero esto no es suficiente y hay que tomar medidas que no van a gustar a las grandes empresas energéticas españolas (Iberdrola, Naturgy, Endesa) y europeas, y que tampoco van a gustar a las patronales y a los partidos de derechas: cambiar el método de subasta en el mercado mayorista, fijar un precio máximo al kwh sea cual sea el método de obtención –producción propia o importación– y negociar nuevos contratos a medio y largo plazo con los suministradores. Los dos principales para Europa son Rusia y Argelia y esto es un problema, pero Europa ya no puede depender por mucho tiempo del gas ruso –para Italia y, sobre todo, para Alemania es un problemón– y hay que mirar al sur, al Magreb. A corto plazo no hay una solución que evite el aumento de los precios del gas probablemente, pero si se cambia el método de fijación de precios que consiste en el absurdo y anti-neoliberal método de fijar el precio por el procedimiento más caro. Cambiando el sistema se puede abaratar muchísimo en España, también en Francia, pero menos en Italia y un drama para Alemania dada su dependencia del gas ruso. La solución para España -–y para toda Europa– a medio plazo es potenciar a marchas forzadas las energías renovables. Perdimos mucho tiempo con los gobiernos del PP. Más aún, supuso un retroceso con su impuesto al sol, pero hoy la energía fotovoltaica. Y la otra pata del déficit de energía es la eólica. Así, en el 2010 a 2021 pasó en Alemania de representar el 6,1% al 23,1% del total de producción de electricidad, mientras en España avanzó mucho menos, del 14,7% al 21,4%. El peso de la solar fotovoltaica en la producción de electricidad aumentó mucho menos: del  1,9 al 8,5% en Alemania; y del 2,1% al 6,0% en España, lo que supone un impulso mucho menor que en Alemania. 

          En los últimos días los precios de la energía se están moderando de cara al consumidor y en los mercados de futuros de electricidad el coste para España es menor que para Francia y Alemania, aunque ahora estén comprando energía más barato por los contratos a largo plazo ya establecidos. Aunque no tenemos tablas I-O actualizadas que permitan saber con exactitud la incidencia de los sectores en la inflación, no hay duda del peso que tiene el precio de la energía influye en la inflación, en los costes de las empresas en la producción, en el transporte y, al final, en el consumidor. La inflación derivada de los precios agrícolas será siempre temporal dada la competencia en origen y el efecto que tiene sobre ellos las importaciones pero no así los precios de la energía porque, además de los problemas señalados, estamos ante oligopolios en España y fuera de España, y eso impide presionar los precios hacia los costes medios y/o marginales. Y frente a esto no existe más solución que la espada de Damocles de la nacionalización de las grandes empresas o, al menos, recuperar una gran empresa nacionalizada como la que tuvimos con ENDESA no hace mucho. Conclusión: a corto plazo, subvención, precios máximos y cambio del método de subasta en el mercado; a medio plazo, ir a suministradores más seguros, y a más plazo buscar un equilibrio entre empresas privadas y públicas en el sector y que compitan en pie de igualdad en el mercado; por último, un impulso de las energías renovables con fondos europeos. Y hacerlo en un mercado con precios obtenidos de acuerdo con las reglas del tanteo walrasiano en las subastas y no con el precio del método más caro de obtención de energía. Siempre se podrá implementar impuestos especiales o complementarios –mejor dentro del impuesto de sociedades– al conjunto de las energéticas con el fin subvencionar con ese dinero a los métodos más caros –el caso del gas– para que subsistan dado que no se puede renunciar a ellas.

EL FINAL DE LOS MOZALBETES

 Antonio Mora Plaza

 

                                        

 Economista, licenciado por la UCM, bancario. Ha trabajado para CC.OO. Autor de numerosos artículos de análisis económico en revistas especializadas y de coyuntura en periódicos digitales. Cuatro libros publicados, tres de ellos desarrollando la obra de Piero Sraffa y un libro de literatura.

¿Qué ha pasado para que en un trienio hayan desaparecido de la escena política española activa Albert Rivera (43), Pablo Iglesias (44) y Pablo Casado (41)? Porque, además de pretensiones políticas legítimas, se presentaban como renovadores de la política española o, al menos, como herederos de los González, Aznar, Zapatero, Rajoy, que parecen estos cuatro que se han ido pero están ahí, como entre bambalinas, como para saltar a escena haciendo un cameo en el momento más oportuno o inoportuno, según cómo se mire y quién lo mire. ¿Acaso son o parecen muy jóvenes para resistir la política cainita española? ¿Les ha faltado experiencia o les ha sobrado ambición? También han durando poco la todopoderosa otrora Soraya Sáez de Santamaría, Teodoro García Egea o Cristina Cifuentes, todos del PP. También ha jubilado este partido de forma abrupta a Alberto Ruiz-Gallardón, a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre, pero todos estos ya estaban al final de su ciclo político en ese viaje eterno del partido al centro: de ahí la maldad de Alfonso Guerra, de preguntarse en el Congreso que desde dónde venían estos peperos para llevar tantos decenios viajando al centro. 

          Recordemos brevemente. Albert Rivera parecía destinado por los hados o por su anticatalanismo y anti-independentismo a dar el sorpasso en la derecha española y que su Ciudadanos sobrepasara al PP de toda la vida, desde que le fue la vida ser el PP. Y el batacazo fue sonado en las elecciones de noviembre del 2019 cuando su partido pasó de 57 a 10 diputados. Rivera, entonces, renunció a todos sus cargos políticos y se convirtió en un ciudadano más. Bueno, maticemos, uno más no, porque su pasado político le sirvió para entrar en un bufete famoso de abogados. ¿Qué le pasó a Ciudadanos para tal debacle? Pueden aventurarse varias causas, pero la principal parece que fue apostar a ciegas por el PP, convertir al partido en el perrillo faldero del PP, apoyar incondicionalmente al partido –entonces de Rajoy– en su animadversión a Pedro Sánchez, al PSOE o, seamos benevolentes, a la política de pactos del PSOE para llegar a la Moncloa. El caso es que su política de apoyo incondicional al PP les llevó a sus votantes a la conclusión de que votar a Ciudadanos era votar por vía indirecta siempre al PP y, para ese camino no necesitó más alforjas que las proporcionadas por el partido del eterno viaje al centro. Nunca entendió Rivera y su séquito político que si los ciudadanos que votaban a Ciudadanos y no al PP lo hacían por algo, no por capricho, lo hacían porque se diferenciara del PP aunque siempre dentro de la familia política de la derecha, incluso de la derecha española de siempre, tan poco europea, tan provinciana. Y cuando sobreactuó ante uno más de los cientos de casos de corrupción del PP le costó el cargo a él en Ciudadanos y a Mariano Rajoy en el PP. Un caso claro de bisoñez política.

          El caso de Pablo Iglesias parece diferente por ser  Iglesias y porque la izquierda española tiene otros problemas. Con el mejor currículum académico de estos políticos, aparece en la escena mediática en el 2010 con un programa llamado La Tuerka y, a raíz de ello, fue invitado a muchos programas de televisión, algunos de ellos de la llamada telerealidad y otros de extrema derecha, pero no por ello el joven Iglesias se amilanaba ni se amedrentaba, sino todo lo contrario. Vamos, que  no le hacía ascos a programas tan asquerosos, a periodistas tan detestables y a medios tan reaccionarios. Hacía bien, porque hay que estar ahí, en contacto directo con los posibles votantes de la derecha, para contrarrestar la mentira permanente de algunos de estos medios. En el 2014 presentó su candidatura a las elecciones al Parlamento europeo al mismo tiempo que se creaba el partido Podemos. También tuvo el partido de su mano el efecto champán y parecía que también daría otro sorpasso y esta vez al centenario PSOE. Las elecciones generales de noviembre del 2019 dieron lugar al primer gobierno de coalición de la izquierda española después de la dictadura, coalición gubernamental que ha permitido avances sociales como el salario mínimo, la vuelta de los convenios como garantes últimos de las conquistas sociales de los trabajadores o la indexación de las pensiones al IPC, entre otras mejoras. Pero en marzo del 2021 dimitió del Parlamento español para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Es verdad que mejoró los resultados de su partido, pero su meta era buscar una coalición con las fuerzas de izquierda en Madrid para desalojar al eterno PP de la Comunidad y no lo consiguió. La apariencia indica que Pablo Iglesias se fue al no cumplir esa pretensión, pero puede especularse también que la razón es la inversa: Iglesias buscaba una salida del gobierno de coalición y encontró una muerte política digna presentando un objetivo que sabía que nunca alcanzaría. ¿Cuál ha sido el error de Pablo Iglesias y, por extensión, el error de Podemos que ha supuesto el final político de este político? Es evidente que este caso no es comparable con el de Albert Rivera porque Iglesias llegó al menos al Consejo de Ministros y el de Ciudadanos se quedó con las ganas de conocer sus inmediaciones. Podemos ha tenido aciertos y errores, sin duda, pero a estas alturas cabe pensar que su mayor error fue forzar su presencia en el Gobierno. Y eso fue así y de tal modo que estuvo a punto de costar a la izquierda seguir en la Moncloa forzando unas segundas elecciones (noviembre 2019) que se ganaron por los pelos y forzando, a su vez, un Gobierno muy dependiente de partidos nacionalistas y/o independentistas. Y desde entonces el partido –ahora Unidas Podemos– no remonta resultados sino todo lo contrario. Mejor le hubiera ido probablemente al partido estar en el Parlamento en la oposición de izquierdas, pero facilitar sin dudas ni condiciones la presidencia del Gobierno al líder del PSOE –que había ganado las elecciones–, dado que la alternativa era Pablo Casado y su contubernio con VOX. Pablo Iglesias, en su cruzada contra las castas políticas y contra las maneras de hacer política en plan macho alfa, se ha tenido que ir por emplear métodos propios de macho alfa. En todo caso el futuro del gobierno de coalición está abierto y la puerta para volver  o salir son las próximas generales, pero la puerta de salida para Pablo Iglesias ya se abrió y se cerró para siempre. Una lástima, una nave que se ha perdido antes de llegar a mejores puertos, aunque su papel en la lucha contra el bipartidismo ha sido importante e innegable y su legado e influencia en el BOE con el PSOE nada desdeñable. 

          También diferente es el caso de Pablo Casado. Llegó a la política por influencia y de la mano de josemari, es decir, de Aznar, el de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y que nunca se encontraron. Llegó de esa mano, protegido por los faldones de Esperanza Aguirre y sin oposición del indolente Mariano Rajoy, a la sazón presidente de Gobierno hasta la moción de censura del 2018. Pablo Casado ha cargado con tres estigmas: nunca ha trabajado en la vida privada, no ha tenido responsabilidades políticas en la Administración y todos tenemos la sospecha –incluidos sus votantes– que le regalaron el título de licenciado en Derecho en la facultad Juan Carlos I. Otro estigma, en este caso de la universidad española,  porque también tenemos el caso de Cristina Cifuentes. En el año 2019 hubo, como se sabe, dos elecciones generales y en la primera el PP pasó de 137 diputados a 66; en la segunda de estos 66 a 89: en ambas se presentaba Pablo Casado como aspirante a ocupar la Moncloa. La oposición de Casado se ha caracterizado por tres cosas: el insulto permanente al presidente de Gobierno, por poner en duda la legitimidad de su cargo y por el matrimonio del PP con el partido de extrema derecha VOX con el fin de desalojar al PSOE de cualquier gobierno, sea el estatal –cosa que no ha conseguido– autonómico o municipal. Los dos últimos sí los ha conseguido en algunos casos, siendo los más notables los de las comunidades de Andalucía, Madrid y Castilla y León. Lo más grave era cuestionar la legitimidad de un Gobierno que llegó en un primer momento mediante una moción de censura perfectamente constitucional y un poco más tarde mediante unas elecciones generales. En ambos casos el jefe del Estado –Felipe VI– confirmó el cargo a Pedro Sánchez tal como manda la Constitución. Bueno, pues a pesar de eso, Casado erre que erre con la legitimidad. Pero el pecado de Pablo Casado es que sobreactuó para defender lo indefendible, es decir, que la tradición del PP es que los casos de corrupción del PP son como los incidentes en las Vegas, que se quedan en las Vegas, se quedan en la casa pepera, sin dar a luz, metiendo bajo la alfombra la mierda, con perdón, o machacando ordenadores. El caso último ha sido el de la presunta corrupción de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid por tratos de favor a su hermano por el negocio de las mascarillas durante la pandemia. Eso unido a espionaje interno entre peperos e instituciones en manos del PP. Vamos, un menú habitual del PP para lo que están inmunizados hasta sus posibles votantes. En otras palabras, a Pablo Casado no le ha echado los resultados electorales sino su propio partido, porque no han tolerado barones y no barones del partido que se intente luchar contra la corrupción del PP y que, además, parezca verosímil y real esa corrupción. ¡Una cosa es la corrupción real y otra cosa es su relato! Y el problema para el PP es que, con la sobreactuación de Casado, no se ha podido imponer el relato sobre la verdad porque ahí se juega el PP su futuro. El PP vive y nada en la mentira permanente, construyendo un puente entre su realidad y su imagen electoral: cual Penélope, lo que teje la mentira por el día lo destejen los hechos por la noche, pero lo importante es que la realidad siempre esté en la noche, que duerma en la noche al mismo tiempo que duermen sus posibles votantes. 

          Cuando llegaron a la política Adolfo Suárez, Felipe González, Jose María Aznar, Jose Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy eran aún jóvenes biográficamente, pero maduros: Suárez era maduro, pura intuición, con poca preparación intelectual, pero maduro; González era maduro, neoliberal en un partido de tradición socialista, pero maduro a pesar de su juventud; Aznar era maduro, detestable, pero maduro; Zapatero era maduro, buenista, algo ingenuo, pero maduro en su buenismo; Rajoy, indolente, pero maduro en su indolencia. El problema de Rivera, Iglesias y Casado es que llegaron inmaduros y la política no les maduró sino que los agrió; intentaron más de lo podían dar y pasaron de pretendidos y pretenciosos machos alfa a ser expulsados o autoexcluidos de la manada. La política es dura, siempre lo ha sido, pero lo que ha cambiado es quizás la velocidad y hoy no da tiempo a madurar: o llegas maduro o te caes cuando aún estas verde por dentro y ajado por fuera.